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Reporte mensual número 19, febrero 2 de 2021

Periodo de monitoreo: del 1 al 31 de diciembre de 2020

  • En 2020 aumentaron las muertes por violencia política en el país, al pasar de 139 casos a 189. Según los registros de CERAC, 2020 fue el segundo año con mayor número de muertes desde que se registra ese tipo de violencia.

  • Las muertes por violencia política aumentaron pese a la reducción de los homicidios y la criminalidad que se dio en medio de las restricciones a la movilidad y los encierros durante el primer semestre de 2020 y que buscaban contener la epidemia.

La violencia política se mantuvo durante 2020 con crecimiento sostenido. Mientras los homicidios cayeron en Colombia, las muertes de defensores de Derechos Humanos, activistas políticos, dirigentes comunitarios y personas involucradas en la representación de grupos sociales crecieron un 36%, al pasar de 139 muertes en 2019 a 189 en 2020. 

Las muertes en acciones de este tipo de violencia afectaron principalmente a integrantes de Juntas de Acción Comunal, participantes en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, excombatientes de las FARC, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y, en menor medida, representantes de etnias o comunidades indígenas.

Durante 2020, 16 personas fueron asesinadas en promedio cada mes en acciones de este tipo de violencia, 45% más que el promedio mensual registrado en 2019 (11 muertes). El mayor número de muertes registradas por mes se presentó en enero de 2020 (23), nivel que no era observado desde julio y agosto de 2018 cuando se registraron 25 y 24 muertes respectivamente.

Las muertes registradas en diciembre

Las muertes en hechos de violencia política registradas en diciembre se mantuvieron en niveles similares a las ocurridas en noviembre, al pasar de 15 a 18. En diciembre, CERAC registró 19 días no consecutivos en los que no hubo registro de muertes asociadas a hechos de violencia política.

  • Norbey Antonio Rivera, integrante de la Asociación de Campesinos de Argelia, Cauca fue asesinado con arma de fuego en zona urbana de Popayán, mismo departamento.
  • El docente de la Institución Educativa El Triunfo, Diego Betancourt Higuera fue asesinado con arma blanca en zona rural de Yopal, Casanare.
  • Fue asesinada con arma blanca, Eunice Medina Mojica, rectora de una institución educativa en zona urbana de Los Patios, Norte de Santander. El hijo de la víctima resultó herido en el ataque.
  • Omar Moreno, dirigente de una asociación de campesinos y de la Unión Patriótica fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Llorente, Nariño.
  • El dirigente campesino, Roberto Eduardo Parra fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Mesetas, Meta.
  • Fue asesinado con arma de fuego el concejal de San Pelayo, Córdoba, Pedro Alejandro Pérez, quien se desempeñaba como vicepresidente de esa Corporación. El hecho ocurrió en ese municipio.
  • Felipe Guevara, periodista judicial del periódico Q’hubo de Cali, Valle del Cauca, fue asesinado con arma de fuego, en un ataque de desconocidos ocurrido en zona urbana de esa ciudad. Una persona que acompañaba al periodista resultó herida en el ataque.
  • Fue asesinado con arma de fuego Einer Meneses, esposo de la concejal de Balboa, Cauca, Diana Paola Pajajoy, en zona urbana de ese municipio. Según Pajajoy, hombres armados ingresaron a su vivienda preguntando por ella y la víctima forcejeó con los atacantes quienes le dispararon y huyeron.
  • Fue asesinada con arma de fuego Elizabeth Betancur García coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia, en Yolombó, Antioquia.
  • El dirigente comunitario Alirio de Jesús Serna Sierra fue asesinado con arma de fuego en Andes, Antioquia.
  • Franco Nativel Salamanca Hoyos, concejal de San Sebastián, Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Timbío, mismo departamento. En la reacción de la Policía, se presentó un enfrentamiento armado con los atacantes en el que uno de ellos resultó herido y fue capturado. Un policía también resultó herido.
  • Gildon Soliz Ambuila dirigente comunitario de la comunidad de Munchique y funcionario de La Unidad de Víctimas, fue asesinado en zona rural de Buenos Aires, Cauca. La víctima había denunciado amenazas con anterioridad. 
  • El dirigente del Consejo comunitario Pacífico Cimarrones de Cisneros, Joaquín Antonio Ramírez fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.
  • Julio Velázquez presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Paso Cusiana, en Tauramena, Casanare, fue asesinado con arma de fuego.
  • Fue asesinado con arma blanca Miguel Tapí Rito, ex gobernador indígena de la comunidad El Brazo en Río Valle, zona rural de Bahía Solano, Chocó. A raíz de este hecho, 906 indígenas se desplazaron forzosamente hacia la cabecera municipal de Bahía Solano. Según la Defensoría del Pueblo, el hecho fue realizado por integrantes del Clan del Golfo.
  • Elkin David Martelo Chacón, integrante de la Mesa Diversa de la comunidad LGTBI fue asesinado con arma de fuego en El Bagre, Antioquia. En el ataque resultó herida otra persona.
  • El indígena Omar Bisbicus, integrante de la organización indígena Camawari, fue asesinado con arma de fuego, en zona rural de Ricaurte, Nariño.
  • Fue asesinado con arma de fuego Francisco Parra Cubillos, coordinador de la Corporación Ambiental de La Macarena, Meta. El hecho ocurrió en zona rural de ese municipio.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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El presente documento, elaborado por CERAC -Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación completa. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener, han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones.

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