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Reporte mensual número 54, febrero 6 de 2024

Periodo de monitoreo: del 1° al 31 de diciembre de 2023

  • En 2023 se mantuvieron los niveles de violencia política en Colombia: murieron 168 personas por este tipo de violencia, un nivel similar al registrado en 2022 (166).

  • En los últimos 10 años CERAC ha registrado en promedio anual 148 casos de violencia política letal por año. Frente a este promedio, en 2023, aumentó 14% el registro de muertes por este tipo de violencia.

  • En diciembre de 2023 la violencia política letal aumentó levemente frente a noviembre: hubo 13 muertes por ese tipo de violencia, dos más que el mes anterior.

En 2023 murieron 168 personas en hechos de violencia política, un nivel similar al registrado en 2022 (166). En 2023 fueron asesinados 137 hombres (82%), 26 mujeres (15%)y cinco personas (3%) que pertenecían a la comunidad LGBTI en acciones de violencia política. En 2023 aumentó un 24% el número de mujeres asesinadas en este tipo de violencia frente a las registradas en 2022 (19); también hubo un aumento en las personas que fueron asesinadas y que pertenecían a la comunidad LGTBI (de dos a cinco muertes).

De las 168 muertes por violencia política en 2023, siete fueron atribuidas a grupos pos FARC (4%) y una al Clan del Golfo, en la gran mayoría de casos no se conocen los responsables de esas acciones: 160 casos para un 95% de casos. Hay un aumento de casos atribuidos a grupos pos FARC frente a los registrados en 2022 (de uno a siete). En 2023 no hubo casos de violencia política letal atribuidos al ELN, en 2022 hubo una muerte por esta violencia atribuida a esa guerrilla.

Los departamentos en los que más hubo por muertes por violencia política en 2023 fueron Cauca (32 muertes), Valle del Cauca (20), Nariño (15), Antioquia (14) y Putumayo (nueve); esos cinco departamentos concentran el 54% del total de muertes por ese tipo de violencia en 2023 (90 de 168). los municipios más afectados por la violencia política letal en 2023 fueron Cali, Valle del Cauca (seis muertes); Bogotá y Tame, Arauca (cinco en cada departamento) y en Jambaló y Toribío, Cauca y en Puerto Asís, Putumayo (cuatros muertes en cada departamento).

Las muertes registradas en hechos de violencia política en diciembre de 2023

El número de muertes por violencia política durante diciembre de 2023 (13) aumentó levemente frente a noviembre de ese mismo año (11); el número de muertes en diciembre se redujo frente al promedio mensual de los 12 meses anteriores (12 muertes).

Los hechos de violencia política con muertes ocurrieron en: Cauca (cuatro), Putumayo y Valle del Cauca (dos en cada departamento) y en Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Nariño (una muerte en cada departamento; durante el mes hubo 21 días no consecutivos sin muertes por ese tipo de violencia.

Documento elaborado por: David Fernando Correal y Ana Cristina Restrepo
Editores: Felipe González y Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. La medición de violencia política que adelanta CERAC incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra activistas comunitarios, defensores de derechos humanos, directivos de pueblos indígenas y de organizaciones de trabajadores y sindicales. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral, que es parte de la violencia política, incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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