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Reporte mensual número 8, febrero 12 de 2020

Periodo de monitoreo: del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020

Persiste el riesgo en las actividades políticas, pese a una sustancial reducción en las muertes por violencia política en 2019

  • Las muertes producto de acciones de violencia política se redujeron 33% durante 2019, frente a 2018. Pese a esta reducción, se presentó un aumento del 7% en el número de personas amenazadas entre 2018 y 2019.

  • En el 7% de los municipios del país (80 de 1.119) se registró al menos una muerte producto de este tipo de violencia durante 2019. Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander concentran el 60% de las muertes en este tipo de hechos.

  • Las amenazas son las acciones predominantes de este tipo de violencia. En 2019, el 66% del total de víctimas de la violencia política fueron amenazadas.

  • Las muertes registradas en enero de 2020 (23) representan el segundo registro más alto para un solo mes desde 2017.

 

Las 133 muertes registradas en acciones de violencia política en 2019 suponen una reducción sustancial, del 33%, frente a las registradas en 2018, año en el que se alcanzó el máximo histórico de 200 muertes, desde que CERAC mide este tipo de violencia (2010).

Las muertes en acciones de este tipo de violencia afectaron principalmente a integrantes de Juntas de Acción Comunal, participantes en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, ex combatientes de las FARC, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y, en menor medida, representantes de etnias o comunidades indígenas.

Pese a la reducción en el número de muertes, en 2019 se presentó un leve aumento (7%) en el número de personas amenazadas frente a las registradas en 2018, al pasar de 395 personas afectadas a 423. Desde que CERAC mide este tipo de violencia, en 2010, la amenaza es la principal acción victimizante de los hechos de violencia política, con una tendencia y participación creciente: el 66% del total de víctimas de este tipo de violencia fueron amenazadas en 2019 (423 de 643), el 58% en 2018 (395 de 682), el 57% en 2017 (187 de 330).

Durante 2019 se registraron en promedio mensual 11 muertes en acciones de este tipo de violencia, 35% menos que el promedio mensual registrado en 2018 (17 muertes). Sin embargo, septiembre registró un alto nivel (20 muertes), que no era observado desde agosto de 2018 cuando se registraron 22 muertes. Este hecho podría explicarse por el desarrollo de las elecciones regionales y locales en septiembre.

Desde nuestro último reporte Monitor de Violencia Política (30 de noviembre de 2019), CERAC ha registrado 41 muertes y 92 amenazados en acciones asociadas a este tipo de violencia, un aumento del 32% en las muertes y del 37% en los amenazados frente a las víctimas registradas en el mismo periodo 2018-2019 (31 muertes y 67 amenazados). Enero de 2020, es el segundo mes que tiene mayor registro de muertes de los últimos tres años (23), solo superado por enero de 2018 cuando fueron registradas 30 muertes.

La violencia política en zonas de disputa de grupos armados

En 2019 las muertes en hechos de violencia política se registraron en el 7% de los municipios del país (80 de 1.119), concentrándose en las regiones de El Catatumbo, Bajo Cauca y Urabá antioqueños y en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En menor medida, la violencia política de tipo letal ocurrió en departamentos de Chocó, Caquetá, Arauca, Bolívar y Huila. Estas zonas se caracterizan por presentar disputas entre grupos armados, cultivos de uso ilícito y/o presencia de otros recursos naturales como oro o maderas finas.

Toribío con 9 muertes, Suárez con 8 casos letales, y Caloto con 5 todos en el Cauca,  Tumaco en Nariño con 5 muertes y; Saravena en Arauca y Tibú en, Norte de Santander (4), encabezan la lista de los municipios más afectados por la violencia política en el país durante 2019. En estos seis municipios se ha concentrado el 26% del total de las muertes de violencia política (35 de 133).

Al comparar la concentración geográfica con la registrada en 2018, se observa que en 2019 hubo una reducción del 24% en el número de municipios donde se presentó al menos una muerte de violencia política, ya que en 2018 fueron 105 los municipios del país afectados por la violencia letal.

En 2018, Tarazá con 7 muertes e Ituango (6) en Antioquia; Buenos Aires y Corinto, Cauca (5 muertes cada uno); Tumaco, Nariño y Buenaventura, Valle del Cauca (5 cada uno), fueron los municipios que más muertes por violencia política registraron. Si bien, Tumaco es el único que repite la lista, las regiones y departamentos no han cambiado sustancialmente, evidenciando que la violencia política es focalizada y de tipo selectivo.

Las muertes registradas en los últimos dos meses

Las 41 muertes registradas en los últimos dos meses se caracterizaron en su mayoría porque se desconocen los autores. Los casos registrados por CERAC entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020 fueron:

  • Fue asesinado con arma de fuego José Humberto Rodríguez, alcalde electo de Sutatausa, Cundinamarca, por el partido Cambio Radical. No se conocen los responsables.
  • Fue asesinado con arma de fuego Gustavo Adolfo Cárdenas, funcionario de la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, el 23 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado con arma de fuego John Fredy Vargas, ex combatiente de las FARC y asociado de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz. El hecho ocurrido en Pitalito, Huila el 26 de enero.
  • Fue asesinado con arma de fuego Oscar Quintero Valencia, activista comunitario de Puerto Guzmán, Putumayo. El hecho ocurrió el 6 de enero de 2020.
  • Fueron asesinados con arma arma de fuego Mauricio Vásquez Agudelo, secretario de Hacienda del municipio San Pedro, Valle del Cauca y su sobrino, Julián David Vásquez. El hecho ocurrió en el corregimiento Todos los Santos el 23 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado con arma de fuego Elicerio Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Casas Grandes de San Vicente del Caguán, Caquetá. La víctima también era el tesorero del comité Pro Carretera Troncales-Guacamayas de ese municipio. En el hecho la esposa de Mendoza resultó herida.
  • Fue asesinado con arma de fuego Humberto Londoño en Tarazá, Antioquia. La víctima era integrante de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca y coordinaba el comité de conciliación de la vereda Socorro de ese municipio.
  • Fue asesinado con arma de fuego Jhon Jairo Ballesteros, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión de Saravena, Arauca. No se conocen los responsables del hecho.
  • Fue asesinado con arma de fuego Luis Darío Rodríguez integrante de Asociación de Desplazados en zona rural de Tierralta, Córdoba, el 18 de enero de 2020.
  • Fue asesinado con arma de fuego Yordan Tovar, intregrante del sindicato de trabajadores campesinos fronterizos y del movimiento político Marcha Patriótica. El hecho ocurrió en Puerto Guzmán, Putumayo, el 16 de enero de 2020.
  • Fue asesinado con arma de fuego Samuel Federico Peñalosa presidente de una Junta de Acción Comunal de Pereira, Risaralda. El hecho ocurrió en zona rural de Nóvita, Chocó, el 15 de enero de 2020, en una incursión de un grupo armado no identificado que además secuestró a varias personas, entre las que se encuentra un desmovilizado del ELN.
  • Fue asesinado con arma de fuego Jorge Luis Betancourth, coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Francisco del Rayo de Montelíbano, Córdoba, el 13 de enero de 2020.
  • Fue asesinado con arma de fuego Tulio Sandoval Chía, coordinador del Comité veredal de la Asociación Campesina del Catatumbo, en zona rural de Tibú, Norte de Santander, el 12 de enero de 2020.
  • Fueron asesinados con arma de fuego por un grupo Pos FARC, Amparo Guejia Mestizo y su hijo Juan Pablo Dicué, en zona rural de Caloto, Cauca, el 12 de enero de 2020. Guejia y Dicué eran integrantes del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintin Lame.
  • Fue asesinado con arma de fuego Sergio Narváez Tapias, exconcejal por el partido Cambio Radical, en zona rural de Turbo, Antioquia, el 12 de enero de 2020.
  • Fue asesinado con arma de fuego Jhon Freddy Álvarez, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y del movimiento Marcha Patriótica, en Algeciras, Huila, el 11 de enero de 2020.
  • Fue asesinada con arma de fuego Virginia Silva médico tradicional indígena en la vereda El Canelo de Belalcázar-Páez, Cauca, el 9 de enero de 2020.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Carlos Alonso Quintero, coordinador comunal y defensor de derechos humanos, y el dirigente comunal Emilio Campaña, dirigente comunal
  • Fue asesinada con arma de fuego Mireya Hernández tesorera de la Junta de Acción Comunal, en Algeciras, Huila, el 9 de enero de 2020.
  • Fue asesinado el defensor de derechos humanos Gentil Hernández Jiménez, en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero de 2020.
  • Fue asesinada con arma de fuego Gloria Ocampo secretaria de la Junta de Acción Comunal de una vereda de Puerto Guzmán, Putumayo, el 7 de enero de 2020. En el ataque también murió Heladio Moreno, quien la acompañaba en ese momento.
  • Fue asesinado con arma de fuego Carlos Andrés Cardona, subdirector administrativo del Hospital San Juan de Dios de Ituango, Antioquia, el 4 de enero de 2020.
  • Fue asesinado con arma de fuego Alcibiades Libreros Varela, Fiscal Especializado contra el crimen organizado, el 29 de diciembre de 2019, en Cali, Valle del Cauca.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Ermencia Enríquez Adrada y Sofronio Adrada abuelo de Fabio Montero Enríquez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Social, de Política Marcha Patriótica y de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño. El hecho ocurrió en zona rural de Leiva, Nariño, el 28 de diciembre de 2019.
  • Fueron asesinadas las hermanas Martha Cecilia y Marleny Rueda Giraldo, integrantes de la Asociación Mutual Amigo Real en Saravena, Arauca, el 27 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado con arma de fuego Reinaldo Carrillo, integrante de la Asociación Campesina en el Huila y coordinador del Comité de Paz en el municipio de Pitalito, Huila. el 25 diciembre de 2019.
  • Fue asesinada Lucy Villarreal, integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, en zona rural de Tumaco, Nariño, el 24 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado Richard Nilson Caicedo integrante del Concejo Comunitario para el Desarrollo de Comunidades Negras de La Cordillera, Nariño. El hecho ocurrió en zona rural de Mocoa, Putumayo, el 22 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado con arma de fuego Mariano Cuero Ruiz, candidato a la personería de Candelaria, Valle del Cauca, el 21 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado con arma de fuego Cristian Andrés Vitonás, integrante de la Asociación Indígena Avelino Ul, en zona rural de Toribío, Cauca, el 16 de diciembre de 2019.
  • Fue asesinado Luis Carlos Hernández Santiago, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Santa Isabel de Curumaní, Cesar e integraba la mesa municipal de víctimas. El hecho ocurrió en ese municipio el 14 de diciembre.
  • Fue asesinado el integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Manuel González Vuelvas. El hecho ocurrió en Ituango, Antioquia, el 14 de diciembre.
  • Fue asesinado con arma de fuego Fernando Quintero Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles de Convención, Norte de Santander. La víctima fue dirigente de la Asociación de Juntas del corregimiento La Trinidad de ese municipio.
  • Fue asesinado con arma de fuego Nelson Stanp Berrío, expresidente de la Asamblea de Sucre, en zona rural de San Onofre, mismo departamento, el 26 de enero. En el hecho también murió el médico Andrés Manuel Mercado Palencia que acompañaba a Stanp Berrío.
  • Fue asesinado con arma de fuego Hernando Herrera excandidato al Concejo de Sonsón, Antioquia, en zona rural de ese municipio. El atacante murió luego de enfrentarse a la Policía.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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CERAC ha hecho un esfuerzo con la debida diligencia para la preparación de este reporte y en el uso de la información en la que éste se basa. En materia de información, CERAC aplica metodologías de recopilación, inclusión, procesamiento y análisis con estándares definidos y aplicables para el análisis y el registro de todas las víctimas por la violencia armada.

El presente documento, elaborado por CERAC -Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación completa. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener, han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones.

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