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Reporte mensual número 9, marzo 10 de 2020

Periodo de monitoreo: del 1 al 29 de de febrero de 2020

Persiste el crítico riesgo para activistas políticos en el país

  • Los múltiples reportes que miden este tipo de violencia en el país coinciden en que, pese a que en 2019 se redujo, persiste el riesgo de seguridad para activistas políticos, líderes comunitarios, personas en proceso de reincorporación y defensores de derechos humanos.

  • Tras dos meses de aumento, se redujeron considerablemente las muertes por violencia política en el país en febrero.

¿Qué tan diferentes son las cifras de violencia política o muerte de líderes y defensores de derechos humanos?

Diferentes dimensiones de violencia política son medidas en Colombia por varias entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. El siguiente es un cuadro comparativo con base en los múltiples reportes de violencia política letal o de violencia contra líderes, activistas comunitarios o defensores de derechos humanos con diferentes periodos de cobertura. Algunas fuentes coinciden en la tendencia de la dinámica de las muertes, pese a las diferencias en el método de recolección de la información y el tipo de víctimas que se incluyen.

Las organizaciones INDEPAZ, Defensoría del Pueblo, CERAC, Misión de Observación Electoral y Somos Defensores tienen un registro superior de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, todos los años, en comparación con las cifras reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y ‘Front Line Defenders’.

La no publicación de los detalles de los casos recopilados por cada institución dificulta comparar tendencias respecto a la dinámica de esta violencia. Pese a esto, sí se puede ver que entre 2017 y 2018 las diferentes fuentes registraron un aumento en el número de muertes por este tipo de violencia con excepción de la OACNUDH que registró una leve reducción (del 5%). Para 2019, todas las fuentes reportaron una reducción en el número de muertes frente a 2018, siendo Naciones Unidas la que reportó la menor disminución (del 6%), mientras que las fuentes Defensoría del Pueblo y CERAC, son las que reportaron una mayor reducción (del 34% cada una) en ese mismo periodo.

La violencia política letal registrada en febrero

Durante el último mes fueron registradas 26 acciones de violencia política en las que fueron asesinadas 13 personas, fueron amenazadas nueve y una resultó herida. En febrero, CERAC registró 19 días no consecutivos en los que sin registro de muertes asociadas a hechos de violencia política.

Las muertes de violencia política fueron registradas en 10 de los 32 departamentos del país: Antioquia concentró el 11% de las acciones con 3 cada uno, seguido de Bogotá, Cauca, Huila, Meta, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca, que concentraron el 8% del total de las acciones, con dos cada uno. La violencia de tipo letal estuvo dirigida principalmente contra activistas políticos regionales y dirigentes de Juntas de Acción Comunal:

  • Fue asesinado con arma de fuego el concejal por el Partido Verde de Cunday, Tolima Jeovanny Oliveros Mayorga. Según el alcalde de ese municipio el hecho se produjo por el hurto de un dinero producto de negocios comerciales de la víctima.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Jonathan Borja Pérez, excandidato por el movimiento político Colombia Humana a la alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca e Iván Giraldo Fúquene excandidato al Concejo de ese mismo municipio por el Polo Democrático. El hecho ocurrió en Palmira, mismo departamento.
  • Fue asesinado con arma de fuego Mario Tálaga en Puerto Tejada, Cauca. La víctima pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria y fue candidato al Concejo de ese municipio por el partido Polo Democrático Alternativo.
  • Fue hallado el cuerpo del exalcalde de Cumbal, Nariño, Jorge Humberto Alpala, en zona rural de ese municipio. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 15 de febrero.
  • Fue asesinado con arma de fuego Efrén de Jesús Ospina Velásquez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito Carboneras en zona rural de Tibú, Norte de Santander. La víctima era beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
  • Fue asesinado con arma de fuego Rafael Manotas, integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Poblado de Pueblo Nuevo, Córdoba.
  • Fueron asesinados con arma de fuego los hermanos Albeiro y Luis Hugo Silva Mosquera, integrantes de la guardia indígena y miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Morena en Miranda, Cauca.
  • Fue asesinado con arma de fuego Libardo Arciniegas Zaldua, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pachacual en El Cocuy, Boyacá.
  • Luego de dos días que se encontraban desaparecidos fueron hallados los cuerpos de Luis Alberto y su hijo Jader Parra dirigentes comunales que habían sido reportados como secuestrados en Puerto Guzmán, Putumayo. El comandante de Policía de ese departamento manifestó que “las investigaciones del CTI, Policía Judicial y criminalística dieron con la recolección de las evidencias físicas y queda descartado el secuestro extorsivo y confirmado que se trató de un hurto de millón doscientos mil pesos que tenían en su residencia”.
  • Fue asesinado con arma de fuego Cristóbal Anaya González, fundador e integrante de la Corporación de Derechos Humanos Sobrevivientes de Minas Antipersonas y Atentados en Colombia. El hecho ocurrió en zona rural de Lebrija, Santander.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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CERAC ha hecho un esfuerzo con la debida diligencia para la preparación de este reporte y en el uso de la información en la que éste se basa. En materia de información, CERAC aplica metodologías de recopilación, inclusión, procesamiento y análisis con estándares definidos y aplicables para el análisis y el registro de todas las víctimas por la violencia armada.

El presente documento, elaborado por CERAC -Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación completa. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener, han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones.

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