Muchas líneas se han escrito tras el anuncio de las Farc de abandonar la práctica del secuestro con fines financieros. Al parecer es una noticia que genera amplias expectativas, pues abre la posibilidad de observar una disminución en los niveles de este tipo de afectación y de lograr la liberación de las personas que se encuentran secuestradas por este grupo armado. Dado esto, es necesario implementar ajustes a la política de lucha contra el secuestro basados de un análisis de la información disponible sobre este fenómeno violento.
Sin el ánimo de desconocer la importancia de este anuncio como una clara señal de voluntad política y como un avance en términos de seguridad, es necesario aclarar que estamos lejos de desterrar las acciones de secuestro de nuestra cotidianidad. Si bien las Farc han tenido históricamente una participación importante en las dinámicas del secuestro, no son los únicos que cometen este delito y, lo más preocupante, no son a los que actualmente se les atribuye el mayor número de secuestros.
A manera de ejemplo, sólo a unos cuantos días del anuncio de abandonar esta práctica delictiva, se pueden observar dos casos de secuestro que nos dan la clara señal de que estamos aún lejos de acabar con este flagelo. Estos son los casos del secuestro de dos ciudadanos dominicanos en Cúcuta y la retención de ocho trabajadores en Tame, Arauca , casos en los que aún no se tiene información precisa sobre los responsables, ni sobre los móviles.
La escasez de información es transversal a la mayoría de los reportes sobre este tipo de violencia y se derivan de la dificultad que representa recolectar datos precisos sobre los perpetradores y, además, por la falta de denuncia por parte de las víctimas y sus familias. A pesar de estos problemas, varias instituciones han realizado un esfuerzo por construir estadísticas que permitan conocer dicho fenómeno y presentan información sobre los responsables del delito. Al respecto, las dos fuentes consultadas para este escrito -País Libre y Fondelibertad- coinciden en registrar una mayor proporción de secuestros perpetrados por la delincuencia común frente a las acciones de secuestro atribuidas a los grupos armados. Incluso, como se ve en los gráficos, si se suman los secuestros registrados por los tres grupos armados ilegales, en estas fuentes, el número de retenciones adjudicados a la delincuencia común sigue siendo mayor.
* Datos para el 2011 parcial a mayo.
Si bien el valor analítico de esta información no se puede desconocer y debe servir de insumo para la formulación de una política que prevenga y reduzca el secuestro, bien valdría la pena ajustar la categorización de los perpetradores para aprovechar la riqueza de la información. Específicamente, la categoría delincuencia común podría verse como un «concepto valija» en el que se incluye todos los secuestros que no son perpetrados por los grupos registrados. Además, el alto número de hechos adjudicados a este grupo harían pensar que puede existir en esta categoría hechos perpetrados por criminalidad organizada -que es en esencialmente diferente a la delincuencia común-. Este tipo de información, de poder corroborarse, se configuraría en un insumo esencial para combatir el secuestro.
Por ejemplo, dado que las estrategias que se emplean para combatir un secuestro perpetrado por un delincuente común no pueden ser las mismas que aquellas que se implementan para hacerle frente a una organización criminal dedicada al secuestro extorsivo, esta información permitiría formular estrategias diferenciadas y focalizadas.
Es por esta razón que, si bien el anuncio de las Farc reviste la posibilidad de avanzar en la lucha contra el secuestro, no es conveniente que se tome con un aire triunfalista y se descuide la lucha contra este delito. Es más, se hace necesario replantear las estrategias a partir de información verificable que permita conocer las características de este fenómeno, y que se reflejen en la formulación de políticas públicas diferenciadas para afrontar el secuestro.
@JuanDGonzalezR
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