Con un fallo de un juzgado de la ciudad de Medellín, se posible que se de un ¡sí! a las víctimas de la violencia de los grupos posdesmovilización paramilitar (GPDP). No solo eso; también se daría un viraje en cuanto al reconocimiento de estos grupos como parte del conflicto armado.
¿Más víctimas lograrían acceso a la Ley de Víctimas?
Ayer se conoció una decisión judicial con relación a una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín, que estableció un importante referente judicial en materia de reparación y reconocimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado. En ella, se ordenó a la Unidad de Víctimas incluir en el Registro Único de Víctimas y otorgar reparación por vía administrativa a cincuenta personas víctimas de un desplazamiento intraurbano en Medellín ocasionado por un GPDP o BACRIM.
Esta sentencia responde a la solicitud constante de cientos o miles de personas afectadas por la violencia remanente paramilitar, que recibieron una respuesta negativa de la institucionalidad a cargo de la Ley de Víctimas, dado que el Estado no reconocía a estos grupos como parte del conflicto. Este, de ser confirmado en una isntancia judicial superior, sería un gran avance en materia institucional, si se tiene en cuenta que como lo han denunciado la Federación Nacional de Personeros y la Defensoría del Pueblo, estos grupos son los principales responsables de violaciones a los derechos humanos en amplias regiones del país (Bolívar, Córdoba, Valle, Antioquia, Chocó, entre otras).
Los GPDP no solo son la principal amenaza actual a la seguridad ciudadana sino que en el futuro, y en un posible escenario de posconflicto y debido a los procesos de transformación de la violencia, es posible prever su fortalecimiento o incluso el surgimiento de nuevos grupos disidentes del proceso de cierre del conflicto con las guerrillas. De esta forma, el aspecto clave a resaltar de este fallo son sus implicaciones en términos de garantizar los derechos a la reparación, a la no repetición y a la igualdad de todas las víctimas del conflicto armado.
Estrategias para enfrentar a los GPDP
Desde el proceso de desmovilización, desarme y reinserción paramilitar, mucho se ha discutido en torno a la naturaleza de los GPDP. Durante el gobierno pasado, hubo un esfuerzo por desvincularlos de sus antecesores y de resaltar su componente criminal. Por otro lado, desde la sociedad civil, otros sectores privilegiaban la tesis de las continuidades en el accionar de estos grupos con respecto a los paramilitares. Sin embargo, el discurso oficial, hasta este momento, privilegió las rupturas y negó las continuidades.
Si bien el fallo de tutela se centra en el reconocimiento de las víctimas, este puede tener implicaciones en cuanto al reconocimiento de la naturaleza de estos grupos en relación con el conflicto armado y, por ende, en las políticas y estrategias destinadas a combatirlos como ya lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.
Considerar a estos grupos como organizaciones criminales, impone límites a las estrategias para combatirlos, sobre todo si se tiene en cuenta que en muchas regiones los GPDP realizan acciones propias del conflicto (hechos que generan desplazamientos forzados, masacres y combates) y acciones que demuestran un alto grado de control territorial (y que originan paros armados y captura de autoridades locales).
También es posible observar un avance en el reconocimiento de sus estructuras armadas. Los GPDP han modificado sus patrones de acción en relación con los antiguos paramilitares. En tal sentido, se valen de oficinas de cobro, pandillas o combos para capturar rentas en zonas urbanas -sobre todo en las grandes ciudades-. Además, mantienen presencia en zonas rurales, controlando corredores estratégicos para el narcotráfico y zonas de explotación mineras.
Este avance permite adaptar las estrategias de seguridad a los diferentes ámbitos de acción. Es necesario, entonces, que el Gobierno diseñe y ejecute tácticas diferenciadas para combatir a estos grupos. En las ciudades, donde es más previsible que los GPDP tengan alianzas con combos, pandillas y oficinas de cobro, el Gobierno debe reforzar las estrategias policivas. En los contextos rurales, donde estos grupos toman la forma de un ejército precario, deben atacarse con las Fuerzas Militares.
La atención efectiva a este fenómeno es la mejor prenda de garantía de no repetición de la violencia. El reconocimiento de estos grupos como parte del conflicto armado es un avance para garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos el de la igualdad.
Limitaciones
Aún así, no todas las implicaciones de este fallo son favorables. El aumento inusitado del universo de beneficiarios que cobija la Ley de Víctimas también impone un gran desafío a las finanzas estatales. De igual forma, estaría pendiente una reglamentación gubernamental del procedimiento para reparar a estas víctimas. Y el diablo está en los detalles.
De esta manera, un fallo judicial, en apariencia puntual, puede tener implicaciones positivas e imponer nuevos retos a las principales políticas del actual Gobierno (proceso de paz, atención a las víctimas y seguridad) en caso de que sea ratificado por una instancia judicial superior.
