La carencia de energía eléctrica -por los atentados terroristas de las FARC- es más dura en Tumaco y Buenaventura que en cualquier otro sitio: desnuda el abandono y la vulnerabilidad, las limitaciones de la política de seguridad y remarca la necesidad de terminar el conflicto.
Tanto la economía de Tumaco como la de Buenaventura dependen de servicios de transporte y puerto. Su economía de enclave explica la vulnerabilidad y la marginalización del conflicto la agrava: cada vez más las acciones de las FARC -por presión militar- se concentran en objetivos aislados y de oportunidad,de bajo valor estratégico y de mayor valor terrorista, para causar un mayor impacto a bajo costo.
Esta vulnerabilidad no es natural, sin embargo: es en parte construida por la poca importancia que le damos en el resto de Colombia a los puertos del Pacífico. Y se concreta en la falta de inversiones que den redundancia al sistema energético. La menor efectividad de los ataques contra la infraestructura energética en el resto del país se ha visto minimizada por esa costosa redundancia en transmisión y generación, que terminamos pagando todos en altos precios.
En las zonas marginales es tremendamente costoso en términos de fuerza militar proteger la infraestructura eléctrica. Más difícil aún será lograr doblegar el poder terrorista y militar de las FARC en la zona, donde se concentran múltiples fuentes de rentas: oro, maderas, contrabando, armas, tierras en colonización, narcocultivos, narcotráfico y una biogeografía imposible.
Por ello, es necesario cerrar el conflicto, terminarlo, ojalá a través de las negociaciones en curso. Pero eso no basta: el Pacífico debe dejar de ser sólo un lugar con dos puertos. Debemos debe recuperar las rentas que allá se apropian a punta de fusil. La verdadera seguridad es la que producirá reducir la violencia después de cerrar el conflicto.
