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Reporte mensual número 16, octubre 8 de 2020

Periodo de monitoreo: del 1 al 30 de septiembre de 2020

  • En septiembre se frenó el aumento de las muertes por violencia política que se venía registrando desde julio.

  • Las muertes producto de acciones de violencia política se redujeron 37% en septiembre frente a agosto, al pasar de 19 a 12 casos.

El número de muertes registrado en los primeros nueve meses de 2020 (141) es un 42% mayor al registrado en el mismo periodo de 2019 (99), pese a la reducción registrada entre agosto (19) y septiembre (12).

La violencia política registrada en los primeros nueve meses del año estuvo dirigida mayoritariamente en contra de activistas políticos regionales y dirigentes de Juntas de Acción Comunal. El riesgo de seguridad se mantiene en zonas rurales en las que confluyen disputas entre grupos armados organizados y actividades criminales de grupos armados: las regiones más afectadas son El Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, norte andino del Cauca y el municipio de Tumaco, Nariño.

Las muertes registradas en septiembre 

La violencia de tipo letal registrada en este mes estuvo dirigida principalmente en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC):

  • Fue asesinado con arma de fuego Jorge Luis Quintero, presidente de la JAC de la vereda Sabanitas, en Dosquebradas, Risaralda.
  • Fue asesinado con arma de fuego Franklin Velasquez integrante del partido Polo Democrático Alternativo, en San Miguel, Putumayo.
  • Fue asesinada con arma de fuego Alba Alexandra Pizanda, vocera del cabildo indígena el Gran Mallama. No se conocen los responsables del hecho que ocurrió en zona rural de Mallama, Nariño.
  • Fue asesinado con arma de fuego Juan Pablo Prado, docente indígena en el resguardo de Awá Piguambi Palangala en zona rural de Tumaco, Nariño.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Oliveiro Conejo y su hija Jackeline, en zona rural de Totoró, Cauca. Conejo era el coordinador de Salud del Resguardo indígena de Totoró.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Ramón Enrique Montejo, presidente de la JAC de la vereda Caño Claro y Simón Ochoa, integrante de la misma JAC, en zona rural de El Castillo, Meta. La Policía afirmó que los responsables del ataque dejaron mensajes alusivos al grupo pos FARC frente 40 en el lugar del hecho.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Cristóbal José Ramos Ayazo presidente de la JAC del barrio Villa Clemen, y Luis Emilio Díaz Mendoza que acompañaba a Ramos, en zona urbana de Montelíbano, Córdoba.
  • Fue asesinado con arma de fuego Héctor Fabio Cuetia, integrante de la JAC de Huasanó y de la Asociación de Trabajadores Campesinos, en zona rural de Caloto, Cauca.
  • Fue asesinado con arma de fuego John Jairo Dávila Duarte, excombatiente de las FARC e integrante del partido FARC, en zona rural de Remedios, Antioquia.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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