Reporte mensual número 2
Períodos de monitoreo: 1° al 30 de junio de 2019
Se superó el pico de violencia política de mayo
- En los primeros seis meses de 2019 se registró una reducción del 19% en las muertes en hechos de violencia política frente al mismo periodo de 2018, al pasar de 78 a 63 casos.
- En junio se presentó una reducción del 38% en el número de muertes asociadas a este tipo de violencia, superando el aumento registrado en el anterior mes de mayo.
- La reducción registrada entre enero y abril junto con la presentada en junio, contribuyó a la disminución de las muertes durante el primer semestre del año; esta reducción alcanza el 19% frente al mismo primer semestre de 2018 (78 muertes) y del 38% frente al segundo semestre del 2018 (101 muertes).
- Las muertes registradas en hechos de violencia política en junio (8) equivale una reducción del 42% frente al promedio mensual de muertes registrado en el último año (14). Durante este periodo se observa una leve reducción del 6% en el número de personas amenazadas (176), frente a los casos registrados en los primeros seis meses de 2018 (187).
En junio CERAC registró 17 días no consecutivos en los que no hubo muertes asociadas a hechos de violencia política. Además en junio hubo una reducción de 38% en las muertes asociadas a este tipo de violencia, frente a las presentadas en mayo. Las ocho muertes representan una reducción del 20% frente al promedio mensual de muertes en eventos de violencia política en 2019 (10).
Las muertes por eventos de violencia política en el mes de junio se concentraron en dirigentes de Juntas de Acción Comunal y activistas de organizaciones de víctimas:
- Fue asesinado con arma de fuego Julián Quiñones Uñate presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Guayabal del municipio de Coveñas, Sucre.
- Fue asesinado con arma de fuego Dagoberto Álvarez, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores, de La Playa de Belén, Norte de Santander.
- Fue asesinada con arma de fuego María Del Pilar Hurtado Montaño en Tierralta, Córdoba. La víctima era integrante de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza -Funviavor- y se desplazó forzosamente de Puerto Tejada, Cauca, tras ser amenazada por denunciar homicidios y desapariciones en ese municipio, hechas por grupos de crimen organizado.
- Fue asesinado José Arled Muñoz en Tuluá, Valle del Cauca. La víctima era defensor de derechos humanos de la Mesa Municipal de Víctimas y fiscal de la Fundación Afro Unidos del Pacífico. Muñoz había denunciado amenazas en su contra, la semana anterior.
- Fue asesinado con arma blanca Uriel Piranga Valencia, en zona rural de El Pital, Huila. La víctima fue cacique y representante legal del resguardo indigena Maticurú del municipio de Milán, Caquetá.
- Fue asesinado con arma de fuego Carlos Biscué en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era dirigente indígena del Resguardo Huellas de ese municipio.
- Fue asesinado Libardo Montenegro en Samaniego, Nariño. La víctima era periodista de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo.
- Fue asesinado con arma de fuego Anderson Pérez Osorio en Caloto, Cauca. Pérez era exintegrante de las FARC en proceso de reincorporación y se desempeñaba como periodista en una emisora de ese municipio y era miembro de la Cooperativa Multiactiva Ecomún de Caloto.
Las acciones de violencia política en el último semestre
La amenaza es la acción predominante en la violencia política en el país. De las 165 acciones de este tipo de violencia registradas en los primeros seis meses de 2019, el 47% corresponden a amenazas (77 acciones) y el 36% corresponde a asesinatos (59 casos). Una dinámica similar se observó en el primer semestre del año anterior en el que de las 197 acciones registradas, el 45% fueron a amenazas (88) y el 33% asesinatos (66).
Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.
| La violencia política se concentró geográficamente en zonas de disputa entre grupos armados
La geografía de la violencia política está altamente concentrada y no se ha expandido en el primer semestre del año. Durante el primer semestre de 2019 el 91% de los municipios del país (1.021) no registraron acciones de violencia política. Este comportamiento es similar al registrado en el mismo periodo de 2018 cuando el 89% de los municipios (1.003) no presentaron ningún hecho asociado a este tipo de violencia. Los hechos de violencia política se concentraron en las regiones de El Catatumbo, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueños y en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño en los primeros seis meses del año. En menor medida, CERAC ha registrado hechos de este tipo de violencia en los departamentos de la costa caribe. En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta y los puertos de Tumaco y Buenaventura, persiste la violencia política no letal ubicándose en niveles preocupantemente altos. La persistencia de este tipo de violencia en entornos rurales podría explicarse por la disputa de territorios entre grupos armados organizados que buscan el control de la explotación de rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Incluso, la mayor parte de estos hechos se registran en zonas rurales y dispersas, que concentran la siembra de cultivos de uso ilícito, extracción ilegal de oro y zonas de contrabando. |
Documento elaborado por: David Fernando Correal y Andrés Palencia
| Nota metodológica del monitoreo de violencia política CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho. Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos. |
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