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Reporte mensual número 10, abril 2 de 2020

Periodo de monitoreo: del 1 al 31 de marzo de 2020

Se mantiene en marzo el nivel de riesgo para activistas políticos en el país

  • El nivel de muertes por violencia política registrado en marzo se mantuvo frente al registrado en el mes de febrero. Esta tendencia se presentó luego de dos meses consecutivos en los que se registró un aumento en las muertes, y pese a que desde que se inició el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en todo el país el 25 de marzo se ha evidenciado una fuerte reducción de la violencia homicida en Colombia.

  • La violencia letal fue dirigida principalmente contra dirigentes de Juntas de Acción Comunal y activistas políticos regionales.

  • Las zonas de disputa entre grupos armados organizados y con presencia del ELN son las que presentan más altos niveles de letalidad de la violencia política.

  En marzo se mantuvo el nivel de muertes asociadas a la violencia política registrado en febrero (13 muertes). Las muertes de violencia política fueron registradas en 9 de los 32 departamentos del país: Antioquia  y Cauca concentraron en 35% de las muertes con 4 y 2 casos respectivamente, seguidos de Bolívar, Bogotá, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo con una cada uno.

Las muertes de violencia política registradas en marzo

La violencia de tipo letal estuvo dirigida principalmente contra activistas políticos regionales y dirigentes de Juntas de Acción Comunal:

  • Fue asesinado con arma de fuego Julio Gutiérrez Avilés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero de Campoalegre, Huila.
  • Fue asesinado William Ramiro Montoya vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Antioquia de Tarazá, Antioquia.
  • Fue asesinado con arma de fuego Marcos Rivadeneira, integrante del movimiento político Congreso de los Pueblos y Presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Putumayo.
  • Fue asesinado con arma de fuego en zona rural de San Francisco, Antioquia Ángel Ovidio Quintero, presidente del Concejo de San Francisco, Antioquia, por el partido liberal y dirigente de la Asociación de mineros artesanales. El sobrino de la víctima -que lo acompañaba- se encuentra desaparecido.
  • Fue asesinado con arma de fuego Ivo Humberto Bracamonte, exconcejal de Puerto Santander, Norte de Santander. El hecho ocurrió en el barrio Beltrania de ese municipio.
  • Fue asesinado Didian Erley Agudelo, ex concejal de Campamento, Antioquia, en zona rural de ese municipio. Agudelo fue reportado como desaparecido desde el 26 de febrero.
  • Fueron asesinados Ómar Guasiruma Nacabera y Samper Guasiruma dirigentes indígenas del cabildo Embera-Chamí y resultaron heridos dos indígenas más, en el corregimiento de Naranjal en Bolívar, Valle del Cauca.
  • Fue asesinada con arma de fuego Carlota Isabel Salinas, representante legal de la Organización Femenina Popular de Colombia en San Pablo, Bolívar en zona urbana de ese municipio.
  • Fue asesinado con arma de fuego Jorge Macana, coordinador del proceso de sustitución de cultivos ilícitos en el El Tambo, Cauca. El hecho ocurrió en zona rural de ese municipio.
  • Fue asesinado con arma de fuego Alexis Vergara, delegado de la asamblea del sindicato de Sintraincabaña, en zona rural del corregimiento Guachené de Caloto, Cauca.
  • Fue asesinada Astrid Conde, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación en la localidad de Kennedy en Bogotá. Según el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la víctima lideraba el proceso de derechos humanos y acompañaba varios procesos de resocialización de los excombatientes en proceso de reincorporación.
  • Fue asesinado Luis Soto Soto, exconcejal de La Apartada, Córdoba. El cuerpo de la víctima fue hallado en zona rural de ese municipio.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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