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Reporte mensual número 40, diciembre 1 de 2022

Periodo de monitoreo: del 1° al 31 de octubre de 2022

  • En octubre se aceleró el aumento anual de las muertes por violencia política que se ha venido presentando casi todos los meses desde enero de este año.

  • Esta aceleración de octubre consolida la tendencia al alza que, a su vez, contrasta con la caída consecutiva del número anual de muertes que se presentó desde julio de 2020 hasta diciembre del año anterior.

  • La violencia política sigue estando en cifras anuales que son similares al promedio del número de muertes registrado en los últimos doce años.

Desde enero de 2022 se registra un aumento en el número anual de muertes en acciones de violencia política en casi todos los meses; este aceleró en octubre alcanzando el nivel más alto del año con 139 muertes.

El aumento en las muertes por este tipo de violencia registrado en lo corrido del año revierte la tendencia en la reducción sostenida que se presentó desde julio de 2020 y hasta diciembre de 2021. Sin embargo, el número anual de muertes a octubre de 2022 continúa siendo inferior al reportado en julio de 2020 y mayo de 2021, meses en los que se registró el mayor número de muertes anuales en los últimos dos años.

Aumentan las muertes por violencia política en 2022

Entre enero y octubre de 2022 CERAC ha registrado la muerte de 141 personas en acciones de violencia política, de ellas, 36 han ocurrido desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro (PH-I). Los casos registrados en 2022 representan un aumento del 21% frente a los casos registrados en el mismo periodo de 2021 (117).

Los meses de 2022 en los que hubo el mayor registro de muertes por violencia política fueron mayo con 28 muertes, y febrero y octubre en los que hubo el registro 19 muertes en cada mes.

Las muertes registradas en el último mes

En octubre aumentó el número de muertes por violencia política frente a las reportadas en abril (al pasar de 5 fallecimientos a 23):

  • Edison Murillo Ararat, vocero del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca e integrante de la guardia cimarrona, fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, el 6 de octubre. En el ataque fue asesinado el escolta de Murillo, integrante de Unidad Nacional de Protección, Yeifer Medina Chivatá.
  • Fue asesinado con arma de fuego el activista ambiental Juan Gabriel Rueda, en Salgar, Antioquia, el 2 de octubre. Rueda fue el coordinador en ese municipio de la campaña del movimiento político Pacto Histórico en las anteriores elecciones presidenciales.
  • Carlo Julio Silva, concejal de Remolino, Magdalena, por el partido Alianza Social Independiente, fue asesinado con arma de fuego en zona rural de ese municipio, el 6 de octubre.
  • Fue asesinado con arma de fuego Natanael Díaz Iriarte, excandidato al concejo municipal de Magangué, Bolívar, por la Alianza Democrática Amplia, en zona rural de ese municipio el 2 de octubre.
  • Fue asesinada con arma de fuego Clemencia Arteaga, fiscal de la Junta de Acción Comunal del resguardo indígena Nasa de Santa Rosa de Juanambú, del municipio de Villagarzón, Putumayo. El hecho ocurrió el 1° de octubre en zona rural de ese municipio. El Gobernador de Putumayo atribuyó el hecho a integrantes del grupo pos FARC frente 48.
  • Fue asesinado con arma de fuego el docente Mario González Batista, integrante del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación de Bolívar, en zona urbana de Cartagena, mismo departamento, el 4 de octubre.
  • Fueron asesinados con arma de fuego Ferney Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda el Diamante y Rigo Alape, integrante de la JAC de la vereda Esmeralda en una misma acción violenta registrada en zona rural de la inspección de Yurilla de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 8 de octubre. Las víctimas fueron fundadores del movimiento político Marcha Patriótica en ese departamento. Fuentes de prensa afirman que las víctimas eran defensores de derechos humanos e integrantes de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
  • Fue secuestrado y asesinado con arma de fuego Fredy Mena Oregón, representante legal y vicepresidente del Consejo Comunitario La Playa, en zona rural de Lloró, Chocó, el 9 de octubre.
  • La dirigente indígena Zoraida Caicedo y su sobrino fueron asesinados con arma de fuego en zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo, el 7 de octubre; no fue revelado el tipo de liderazgo que tenía la víctima.
  • El periodista Rafael Emiro Moreno Garavito fue asesinado con arma de fuego en zona urbana de Montelíbano, Córdoba, el 17 de octubre. Moreno era director del medio de comunicación Voces de Córdoba. El Clan del Golfo negó su participación en este hecho, sin embargo, la fundación de derechos humanos Cordoberxia, afirmó que “al periodista y líder social Rafael MORENO (sic) lo asesinaron sicarios a sueldo del Clan del Golfo”. 
  • Fue asesinado con arma de fuego Álvaro Bailarín Sapia, gobernador indígena del Resguardo Valle de Pérdidas en zona rural de Urrao, Antioquia, el 19 de octubre.
  • Fue asesinado con arma de fuego Sócrates Sevillano, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Mirador de Orito, Putumayo, y su esposa, Cielo Ruales, el 21 de octubre en zona rural de ese municipio, hecho que fue atribuido al grupo pos FARC Carolina Ramírez.
  • Gildardo Alonso Ríos, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera de Fortul, Arauca, fue asesinado en zona rural de ese municipio, el 22 de octubre.
  • Fue asesinado Ricardo Antonio Valderrama, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Bosque, de Ituango, Antioquia. La víctima fue secuestrada por el Clan del Golfo el pasado 17 de octubre; el cuerpo de la víctima fue hallado el 24 de octubre en zona rural de ese municipio. Esta es una violación del cese el fuego autoimpuesto por el Clan del Golfo.
  • Adelmo Balanta, dirigente del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero, integrante, fue asesinado en zona rural de Buenos Aires, Cauca, el 28 de octubre.
  • Fue asesinada Yeimi Chocué, tesorera del cabildo indígena Chimborazo en zona rural de Morales, Cauca, el 28 de octubre.
  • Fueron asesinados con arma de fuego dos dirigentes de comunidades afro en zona rural de Ipiales, Nariño, el 30 de octubre. Las víctimas fueron identificadas como Jonás Carabalí, presidente del Consejo Comunitario Nuevo Amanecer, y Faustino Carabalí, presidente del Consejo Comunitario del corregimiento Jardines de Sucumbíos de ese municipio.
  • Fue asesinado con arma de fuego William Urueta, integrante del movimiento político Pacto Histórico, y veedor público, en el corregimiento de Macajan de Tolú Viejo, Sucre, el 30 de octubre.
Documento elaborado por: David Fernando Correal, Andrés Palencia, Ana Cristina Restrepo y Jorge Restrepo
Editor: Jorge Restrepo

Nota metodológica del monitoreo de violencia política

CERAC entiende por violencia política los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluye la violencia política son en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas. Como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas están las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

Por su parte, para CERAC, la violencia política electoral incluye las agresiones o la amenaza de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

 

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Este reporte ha sido preparado con fondos propios de CERAC. No cuenta con financiación externa: CERAC no recibe dinero o recursos materiales del Gobierno Nacional ni de ningún otro gobierno o entidad pública o privada para conducir sus labores de análisis y monitoreo del conflicto armado interno, la violencia política y la seguridad en Colombia.

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CERAC ha hecho un esfuerzo con la debida diligencia para la preparación de este reporte y en el uso de la información en la que este se basa. En materia de información, CERAC aplica metodologías de recopilación, inclusión, procesamiento y análisis con estándares definidos y aplicables para el análisis y el registro de todas las víctimas por la violencia armada.

El presente documento, elaborado por CERAC -Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación completa. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener, han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones.

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